BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO

El bicentenario amerita una mirada crítica cuyo horizonte debe ser ineludiblemente ese espejo revolucionario que nos legaron sus fundadores.

Las repetidas y habituales conmemoraciones de eventos históricos suelen atenuar o diluir las aristas más significativas de los acontecimientos que se memoran. El bicentenario de la conmemoración del 25 de mayo no debería disimular su característica más obvia: se está celebrando una revolución. Y este no es un detalle menor.

¿Qué significa que se celebra una revolución?

En el caso de nuestro país, los sucesos de mayo de 1810 se inscriben en el curso de la tradición revolucionaria que involucra un doble movimiento: por un lado, la ruptura con la metrópoli; por el otro, el ingreso a la modernidad. En este último punto nos queremos detener porque por lo general es lo que se obvia deliberadamente con el objeto de diluir los efectos más disruptivos del proceso revolucionario.

¿Por qué el ingreso a la modernidad es visualizado como revolucionario?

Porque la revolución de mayo, en sintonía con la revolución francesa, implica el pasaje de un orden dado a un orden producido por lo hombres, en quienes reside la responsabilidad del destino colectivo de la sociedad.

En ese marco revolucionario, la construcción de un orden político independiente debía fundar su legitimidad en el consentimiento de aquellos sobre los que habría de ejercer la autoridad. Esa es la configuración moderna de la soberanía popular: una sociedad pensada como una vasta asociación de individuos que, unidos voluntariamente, constituyen la nación o pueblo, y es ese pueblo así constituido el depositario de la soberanía. De esta manera la soberanía se sostiene sobre un principio de autonomía que desemboca lógicamente en la cuestión del derecho al voto.

La pregunta sobre la legitimación de la dominación política constituirá una de las preocupaciones de la elite dirigente durante el centenario de la revolución. Ese interrogante abrirá las puertas a la reforma electoral de 1912 estableciendo las bases del poder político sobre una nueva validación: la democracia electoral.

La preocupación de la legitimidad política estaba también asociada con otras cuestiones que también preocupaban a la elite dirigente: la cuestión nacional y la cuestión social. En ambas cuestiones el papel asignado a la educación pública se reveló fundamental para superar esas asignaturas pendientes. La Escuela uniformizó culturalmente a los hijos de inmigrantes y brindó posibilidades ciertas de ascenso social. La existencia de una sociedad relativamente móvil posibilitó la integración mediante una incipiente ciudadanía social que se fortalecerá notoriamente en las últimas décadas de la primera mitad del siglo XX.

A doscientos años de la revolución de mayo… ¿qué interrogantes sobre la sociedad actual debería jerarquizar una mirada atenta sobre la revolución?

Naturalmente que una pregunta sobre los dispositivos de legitimidad que justifican el poder político también se revela fundamental.

Ahora bien, esa pregunta deberá trascender la preocupación centenaria por la democracia electoral. La pregunta de 1910 debe necesariamente reeditarse con contenidos que la actualicen dando cuenta de las luces y sombras en las que se debate la Argentina actual.

A 27 años de institucionalidad de democracia electoral, esa pregunta por la legitimidad esgrimida por la elite dirigente hace 100 años trasciende a la garantía por el derecho al sufragio. Es necesaria una indagación cualitativa sobre al menos dos fundamentos de aquella tradición revolucionaria inaugurada hace 200 años.

En primer lugar, la tradición republicana sobre la que se legitima el ejercicio de la autoridad política; y en segundo lugar, las condiciones sociales en la que se construye la ciudadanía en la Argentina.

En cuanto al primer punto, la tradición republicana no sólo estuvo es jaque a partir de las recurrentes intervenciones militares durante gran parte del siglo XX, sino también como producto de tradiciones políticas escasamente comprometidas con la formalidad procedimental que la república requiere. De esta manera los dos partidos mayoritarios en nuestro país, plantearon como antinómicos dos principios de legitimidad complementarios. La democracia “formal”, fundada en la tradición liberal, que situaba el consenso como producto de la deliberación en ámbito parlamentario. Y la democracia “real”, ensalzada por el populismo, que minimizaba al parlamento como espacio generador de consenso en nombre de una voluntad plebiscitaria (expresa a través de las urnas) que confería legitimidad legislativa a las iniciativas del poder ejecutivo.

Estos contrastes todavía persisten y empañan el ejercicio de la autoridad política.

La necesidad de revertir esta dicotomía se revela fundamental para garantizar un desempeño previsible que permita superar los riesgos de ingobernabilidad a la que recurrente y cíclicamente el país parece encaminarse.

La segunda cuestión es aún más problemática. La ciudadanía emerge en la Argentina bajo condiciones sociales en la que la pobreza se ha transformado en un dato estructural. En este sentido, una paradoja recorre a la democracia actual en nuestro país. La democracia electoral (esto es, la sustitución pacífica de un gobierno por otro) parece haberse consolidado sobre la base de una mayor exclusión social, en oposición a las etapas anteriores en las que la inexistencia de acuerdos sobre las reglas a observar en cuanto a la alternancia en el ejercicio del poder, era acompañado por una mayor integración social o la existencia de un tejido social menos fisurado.

La pregunta es inevitable y sombría. ¿Es posible la virtuosidad pública en el contexto de extrema pobreza (o de injusticia social) en la que se debaten miles de compatriotas?

Para ellos, los marginados, los que sólo sobreviven, los aniquilados por la injusticia social, las elecciones se transformaron en un puente de llegada a los candidatos solamente para obtener algunas prebendas a cambio de su voto.

Esto genera inocultables prejuicios sobre la supuesta inoperancia de la democracia formal e inequívocas inclinaciones ante eventuales opciones autoritarias.

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El proceso iniciado hace 200 años El bicentenario amerita una mirada crítica cuyo horizonte debe ser ineludiblemente ese espejo revolucionario que nos legaron sus fundadores. Ese espejo, en el que se reflejan los sueños que animaron a aquellos que pretendían cimentar en el desierto una nueva nación, constituyen los fundamentos de la revolución. Ese es, necesariamente, el punto de partida para interpelar la realidad en la que nos debatimos y percatarnos de su carácter inconcluso. Corresponde a nosotros y a las futuras generaciones avanzar en ese proceso iniciado hace exactamente hoy doscientos años.-